Alto a la Ley de Seguridad Interior

Capítulo México del Instituto Latinoamericano de Estudios para la Paz y la Convivencia Ciudadana

ILEPAZ México

El capítulo México del Instituto Latinoamericano de Estudios para la Paz y la Convivencia Ciudadana (ILEPAZ), organización de la sociedad civil apartidista y sin fines de lucro, especializada en seguridad ciudadana, hace un llamado a las y los integrantes de la LXIII legislatura del Senado de la República a no aprobar el dictamen con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Seguridad Interior, aprobado por la Cámara de Diputados el pasado 30 de noviembre.

ILEPAZ recomienda la no aprobación de la Ley de Seguridad Interior, por cinco razones principales.

  1. Es necesaria una discusión abierta con la sociedad sobre el modelo de seguridad para México.

 El grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y sus aliados en la Cámara de Diputados, aprobaron el Dictamen de la Ley de Seguridad Interior en un proceso ajeno a los parámetros mínimos de la deliberación democrática y la inclusión de todas las voces involucradas en el tema; ignoraron las recomendaciones de organismos internacionales de derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil y especialistas en seguridad. La construcción de un modelo democrático de seguridad en México requiere del debate público y abierto, no de decisiones tomadas a la espalda de la sociedad.

  1. No existe evidencia empírica significativa que justifique la pertinencia de mantener a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública.

La evidencia científica acumulada desde que el entonces presidente Felipe Calderón declarara la guerra contra el narcotráfico y emprendiera una estrategia de militarización en México, hasta la actualidad, demuestra que la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública no sólo no disminuye la criminalidad y la violencia, sino que la incrementa, representando un riesgo a los derechos humanos.

  1. El concepto de Seguridad Interior es peligrosamente impreciso.

 Se trata de un subterfugio para fusionar aspectos de seguridad pública y seguridad nacional en un espacio borroso, donde múltiples amenazas podrían calificarse como riesgos a la seguridad interior. Incluyendo manifestaciones ciudadanas identificadas como violentas.  Son múltiples los hechos que podrían interpretarse como una amenaza a la continuidad de los órdenes de gobierno e instituciones del Estado mexicano, “así como el desarrollo nacional mediante el mantenimiento del orden constitucional, el Estado de Derecho y la gobernabilidad democrática en todo el territorio nacional”, como define la Ley a la Seguridad Interior en su artículo segundo.

  1. Las Fuerzas Armadas no rendirían cuentas de sus actos.

El artículo 9 de la Ley establece: “La información que se genere con motivo de la aplicación de la presente Ley, será considerada de Seguridad Nacional, en los términos de la ley de la materia, y clasificada de conformidad con ésta y las disposiciones aplicables en materia de transparencia y acceso a la información”. Con ello, las actuaciones de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad quedarán reservadas y dejarán en total opacidad las intervenciones castrenses, incluyendo abusos en el uso de la fuerza y las violaciones a los derechos humanos derivadas de una actuación no vigilada.

Los únicos controles que establece la Ley sobre la actuación de las Fuerzas Armadas, son la de mantener informado al Presidente de la República sobre las acciones (artículo 32) y la emisión, por parte de la Secretaría de Gobernación, de un informe a la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional. La Ley no establece control alguno sobre la actuación de las Fuerzas Armadas en terreno, ninguna supervisión ni investigación sobre violaciones a los derechos humanos perpetradas por el personal castrense. No incorpora mecanismos externos de control ni involucra a los organismos públicos de derechos humanos, salvo en la notificación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) cuando se emita una Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior (símil de estado de excepción que posibilita la intervención militar en un territorio determinado).

  1. La Ley suplanta al poder civil por el poder militar.

De acuerdo con los artículos 6, 11 y 26 de la Ley, las Fuerzas Armadas podrían actuar por sí, de manera permanente, en materia seguridad; esto es, sin necesidad de la Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior. El artículo 15 establece que la participación de las Fuerzas Armadas en la seguridad interior puede prorrogarse por acuerdo del Presidente de la República, con esto, la Ley perpetúa la presencia militar en las calles. El Presidente también designará, de acuerdo con el artículo 20 de la Ley, a un Comandante militar que dirigirá a los grupos interinstitucionales; es decir, el poder civil se subordinará al mando militar.

Las Fuerzas Armadas, como lo establece el artículo 27 de la ley, realizarán acciones propias de una policía civil: preservar el lugar de los hechos y poner a disposición de la autoridad correspondiente a los detenidos. Ello en total opacidad por actuar sin mecanismos en supervisión en campo y reservando toda la información derivada de su actuación, además de hacer uso de todos los medios lícitos a su alcance para realizar inteligencia militar.

Para ILEPAZ, el futuro de la vida democrática en México se encuentra en riesgo ante una Ley que perpetúa lo que debiera ser excepcional, además de brindar un amplio margen de impunidad y discrecionalidad a la actuación castrense en tareas propias del poder civil. La ruta para la seguridad en democracia, como lo dictan las buenas prácticas internacionales, no incluye la militarización sino la profesionalización de las instituciones civiles encargadas de hacer cumplir la ley; proceso imposible sin la participación de la sociedad.

 

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